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La privatización de la guerra: nuevas perspectivas para el siglo XXI

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La privatización de la guerra: nuevas perspectivas para el siglo XXI
María Julia Arango*

Con fin de la Guerra Fría y ante la ausencia de una amenaza a la hegemonía militar y política de Estados Unidos; ciertas teorías sostienen que los conflictos armados tenderían a desaparecer. Casi tres décadas más tardes, las contiendas militares no solo continúan, sino que su evolución está marcada por una nueva tendencia: la contratación de Compañías Militares Privadas. La Lic. Maria Julia Arango ahonda sobre la temática haciendo hincapié en los actores que participan de la oferta y de la demanda de este servicio, los presupuestos para su financiamiento, marcos legales internacionales, beneficios e implicancias de esta práctica.

Con la finalización del conflicto bipolar hacia la década de 1990, algunos teóricos pronosticaban que el “fin de la historia” había llegado. La ausencia de una clara amenaza para los Estados Unidos hizo que prevalecieran los temas económicos, culturales y sociales por sobre los militares. Como consecuencia de esta ausencia de amenaza tangible los ejércitos permanentes de las grandes potencias fueron disminuidos en sus tamaños, iniciando una tendencia que continúa hasta nuestros días.

Sin embargo, las “nuevas amenazas” emergieron en la agenda internacional, captaron la atención y activa participación de la Comunidad Internacional y en particular de Estados Unidos, que comenzó a verlos como una amenaza al orden internacional que los ubicaba como único polo del sistema. A esto se ha sumado, con la llegada de los neoconservadores al poder, la estrategia estadounidense de la guerra preventiva en su lucha global contra el terrorismo, en pos del cambio de los regimenes totalitarios a favor de la democracia. 

En definitiva, luego de casi veinte años, se ha producido una creciente militarización a escala mundial y nos enfrentamos a un escenario internacional que lejos está de reproducir esa sensación de tranquilidad y estabilidad que se presagiaba años atrás en el hemisferio occidental.

Gracias a ese desfasaje entre una creciente demanda de personal militar y una decreciente oferta, hoy en día existe la tendencia por parte de algunos estados a cubrir sus necesidades de personal militar a través de la contratación de personal privado, nucleado en Compañías Militares Privadas. A modo de ejemplo, “en la Guerra del Golfo había por cada 100 soldados regulares, un mercenario. En Bosnia hubo uno cada 50 y en 2003, al comenzar la invasión a Irak, la cifra subió a uno cada 10” 1 . Estos números demuestran lo arraigado que se encuentra este fenómeno, tanto que, se estima que en Irak hay actualmente entre 20.000 y 25.000 militares privados contratados, convirtiendo a las compañías militares privadas en la segunda fuerza aliada estadounidense.

Las Compañías Militares Privadas son empresas que proveen apoyo logístico, entrenamiento, seguridad, trabajos de inteligencia y asistencia militar de diverso tipo. Se caracterizan por poseer personal altamente entrenado, en general militares profesionales retirados, los cuales son reclutados específicamente para las tareas requeridas. El personal está organizado e incorporado a un negocio cuyos servicios son ofrecidos a gobiernos, corporaciones y ONGs. Sus empleados reciben salarios que, llegando a triplicar lo que recibe un soldado corriente, rondan los 20.000 dólares. Y a pesar de que el Secretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld, afirmó que el Pentágono no delegaría tareas militares consideradas de nuclear importancia, el hecho es que estos soldados realizan todo tipo de tareas, incluso involucrándose en combates directos.

No todas las empresas ofrecen los mismos servicios. Algunas, como Executive Outcomes y Sandline Internacional, ofrecen servicios que pueden ser directamente aplicables al combate o a apoyar combates y son los primeros ejércitos privados completos, que realmente calificarían de mercenarios. Por otra parte, se encuentran las firmas que ayudan a que los ejércitos atrasados entren en las técnicas modernas de las guerras del siglo XXI. Ofrecen los servicios que la mayoría de los ejércitos de los países desarrollados poseen: consejos tácticos, operacionales y estratégicos para la estructuración, entrenamiento, equipamiento y empleo de las fuerzas armadas. Por ejemplo, la Military Professional Resources Incoprorated (MPRI). Y finalmente, están aquellas que ofrecen protección personal, asegurar comunicaciones, etc.

Lo novedoso radica en que estas compañías ofrecen a los estados la posibilidad de contar con una mayor disponibilidad de tropas. Esto es especialmente positivo para Estados Unidos, aunque cabe destacar que también Sudáfrica, el Reino Unido y Francia comparten el interés en estas Compañías, tanto por ser contratistas como por ser países de origen de estas firmas.

Las Compañías Militares Privadas son contratadas también por Estados débiles, cuyos gobiernos se han visto amenazados por la posibilidad de ser disueltos y que no ven una intención sostenida por parte de la Comunidad Internacional de acudir en su ayuda. Esto se ve en África, donde los Estados se han mostrado incapaces de monopolizar el uso de la fuerza, con la existencia de grupos armados que han minado la estabilidad. Ante la amenaza continuada y la falta de respuesta internacional, algunos gobiernos se han decidido por la contratación de compañías militares privadas en pos de fortalecer sus fuerzas.

Actualmente, también la ONU se ha interesado en las modernas compañías militares privadas como respuesta a las falencias y dificultades para implementar las misiones de paz. Por ejemplo, en 1995 Sierra Leona contrató a EO por 35 millones de dólares, durante 22 meses. En ese tiempo, EO logró que el grupo Revolutionary United Front (RUF) que intentaba tomar la capital, Freetown, se rindiera. La empresa demostró ser fundamental en el fortalecimiento del gobierno y en la disponibilidad a negociar de las partes, generando un ambiente propicio para que las elecciones fueran posibles. Es llamativo el relativo bajo costo que significaron los servicios contratados, ya que “la misión de observación de la ONU, en sólo ocho meses, en Sierra Leona, luego del acuerdo de paz fuera firmado, tuvo un costo de 47 millones de dólares” 2 .

Esto genera una relación costo- efectividad incomparablemente beneficiosa. La disponibilidad de tropas que ofrecen estas compañías, sumada a la relativa rapidez de su despliegue en el terreno, podría colaborar con la reticencia demostrada por los estados miembros a aportar tropas en los conflictos de baja intensidad de lugares remotos y la consecuente lentitud de la ONU en efectivizar el despliegue de tropas. De esta manera, se pueden vislumbrar algunas perspectivas a futuro donde estas compañías podrían tener un efecto beneficioso en las instituciones y el orden internacional en general.

Sin embargo, un inconveniente para lograr este objetivo es la falta de definición de un debate que aun no ha sido resuelto: ¿deben los empleados de estas compañías ser considerados mercenarios? 

Desde el punto de vista estrictamente legal y tomando en cuenta el Protocolo Adicional a la Convención de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 en su artículo 47 sobre los mercenarios, los militares contratados por estas empresas privadas podrían calificar de mercenarios, ya que son personas externas al conflicto, están motivadas por la ganancia económica y en algunos casos llegan a participar directamente en combates. Sin embargo, muchas veces resulta difícil clasificarlos como mercenarios, ya que la mayoría de su personal es empleado de manera estable y no para participar en un conflicto específico y raras veces se involucran directamente en combates.

“El status legal de los civiles contratados depende de la naturaleza de su trabajo y su nacionalidad respecto de los combatientes. Pero si, de hecho, no han tomado partido directo en las hostilidades, (APGC77 Art 47.b) no son mercenarios y están enmarcados bajo la protección de las Convenciones de Ginebra”. Al respecto, durante la ocupación en Irak en 2003 se plasmó esta dificultad en un ejemplo concreto, ya que mientras Estados Unidos gobernó el país, ningún contratado civil pudo ser llamado mercenario, ya que legalmente era un ciudadano de una de las partes del conflicto, aunque con la entrega del poder al gobierno iraquí interino automáticamente cayeron bajo esa definición.

Uno de los inconvenientes de la falta de una clara reglamentación de la actividad fue palpable en el caso de la prisión de Abu Gharib, donde prisioneros iraquíes fueron torturados por soldados estadounidenses. Aunque no suele ser especificado, 16 de los 44 abusos fueron perpetuados por militares privados. Y mientras los soldados corrientes fueron enjuiciados con la ley marcial, los militares contratados apenas fueron despedidos.

Este vacío legal es funcional a algunos estados, que han aprovechado la oportunidad para lograr sus propios intereses, eludiendo controles y accionando al límite de lo legalmente aceptable. Por ejemplo, Estados Unidos no contabiliza entre sus bajas a los militares contratados, en una clara estrategia para disminuir la presión de la opinión pública por un retiro de tropas de Irak. Esto se conjuga con la posibilidad que ofrece la falta de control para que las potencias logren influencia encubierta en las políticas de otros estados, hecho que ocurrió, por ejemplo, con la empresa MPRI y bajo el consentimiento del Departamento de Estado y de Defensa de Estados Unidos, cuando fue contratada para modernizar el ejército croata en 1994 y termino fomentando una ofensiva por parte del ejército croata en la región de Krajina.

Asimismo, el creciente involucramiento empresarial en las ramas militares y de seguridad podría considerarse como un instrumento para la expansión económica que el gobierno estadounidense y sus aliados promueven para sus empresas corporativas, en el actual contexto de búsqueda de recursos estratégicos en todo el globo. El gobierno de Sierra Leona abono los servicios contratados a Executive Outcomes con derechos a explotar minas diamantes, siendo este un ejemplo de cómo las corporaciones internacionales pueden lograr control sobre estos recursos clave en nombre de sus países de origen de manera encubierta.

Sin embargo, a pesar de que estas empresas dicen actuar acorde a los intereses de sus respectivos países de origen, en el largo plazo esto podría no ser así. ¿Qué sucedería si el accionar de alguna de estas empresas significara una amenaza para la seguridad de un país poderoso como Estados Unidos? ¿Y si se diera un escenario donde las fuerzas armadas más poderosas del mundo pertenecieran a una Compañía Militar Privada? Este escenario significaría un cambio en la concepción de lo que hasta el día de hoy implica una guerra, ya que si bien desde la formación de los Estados nacionales la norma aceptada fue que solo los Estados pelean guerras, eso estaría cambiando.

La existencia de empresas cada vez más poderosas, frente a un estado cuya soberanía se ve cada vez mas erosionada, les ha dado la posibilidad de entrometerse el diseño de las políticas de los estados, sobre todo de aquellos más débiles del sistema. Hoy en día esa capacidad de entrometerse ha ido demasiado lejos, ya que lo que está en juego son funciones que tradicionalmente fueron exclusivas del estado, como la defensa del territorio, la seguridad y la posibilidad de iniciar guerras.

Si bien se pude considerar que las Compañías Militares Privadas son consecuencia y no las causantes de la debilidad estatal, su existencia no hace más que fortalecer esta tendencia. Ante las falencias del Estado para dar respuesta a una serie de situaciones, como la dificultad para lidiar con los efectos de la globalización y de ser efectivos en guerras contra escurridizos actores transnacionales, es lógica la creciente confianza en la esfera privada para cubrir esa brecha de seguridad no garantizada.

Tal como recalca Anna Leander, “si el caso fuera que la expansión en la provisión de servicios militares fuera dirigida principalmente a estadistas, que la utilizarían para centralizar y fortalecer la autoridad pública en sus propios territorios, el mercado de la fuerza incrementaría la seguridad pública en el largo plazo” 3 . Solo bajo esta condición, sumada a otras tales como el control y regulación, las Compañías Militares Privadas serían un instrumento útil para el fortalecimiento estatal y redundarían en una mayor seguridad a escala sistémica.

Sin embargo, ésta no es la situación actual. Las empresas son contratadas no solo por Estados nacionales, sino también por compañías privadas. Esto amenaza la estructura de lealtades que guiaron los comportamientos de las personas durante siglos, y cabe preguntarse si las lealtades que ligan a estos soldados con las empresas que los emplean terminará minando su sentimiento de lealtad a la patria. Dado que actúan por el lucro económico, y dado que las compensaciones económicas de las empresas privadas son significativamente mayores que las públicas, podría pronosticarse que el peligro de que este escenario se dé no es muy lejano.

La privatización de la seguridad y sobre todo, de la guerra, supondría una peligrosa situación en la cual solo aquellos Estados o actores que tengan los medios necesarios para contratar a éstas empresas tendrán capacidad de guerrear, dejando de ser una facultar propia del Estado, que paulatinamente perdería el monopolio del uso de la fuerza, elemento distintivo del mismo durante siglos.

De continuar esta tendencia no se puede esperar más que un mundo mucho más violento, inestable y proclive a la guerra, ya que la difusión del monopolio de la fuerza en cada vez más manos, abre la posibilidad de que los principios que regularon por siglos el accionar de los hombres se vean sobrepasadas por la realidad. Si estas reglas se vieran obsoletas sin que un nuevo conjunto de reglas para encauzar los comportamientos se haya establecido previamente, sólo caos puede esperarse en el Sistema Internacional.

Paradójicamente, queda bajo responsabilidad de los mismos Estados que contratan estas compañías tomar conciencia de los peligros que acarrean para su propia subsistencia y tomar medidas efectivas al respecto.

*María Julia Arango. Licenciada en Ciencia Política (Universidad de Buenos Aires) y Magister en Relaciones Internacionales Europa - América Latina (Universidad de Bologna). Ha trabajado como investigadora en la Universidad Nacional de La Plata, el Centro de Estudios Estratégicos de la Escuela Superior de Guerra “Luis María Campos” y Fundación Grupo Sophia. Especialista en Responsabilidad Social y Sustentabilidad.

Referencias:
1 Diario Clarín, “Los ejércitos privados. La nueva guerra del siglo XXI”, pág 26.
2 Brayton, Steven, “Outsourcing war: Mercenaries and the privatization of peacekeeping”, Journal of International Affairs, pág. 27.
3 Leander, Anna; “The Market for Force and Public Security: the Destabilizig Cosequences of Private Military Companies”; Journal of peace research, Vol. 42, Nº 5, 2005, pág.613.

Nota: publicado en Ágora Internacional, Vol. 2, N° 4, 2007.